Reposo e YPF significan lo mismo: ir por todo

Cristina Kirchner mueve los labios, gesticula y promete a sus fieles desde la tribuna: "Vamos por todo". Insiste: "Por todo". Esa imagen, capturada por una cámara extraoficial de Rosario el Día de la Bandera, fue la expresión más elocuente del programa que ha puesto en marcha el Gobierno. La nominación de Daniel Reposo como principal fiscal de la Nación, en la esfera institucional, y la decisión de estatizar la mayoría accionaria de YPF desconociendo el estatuto de la empresa, en la esfera económica, demuestran que la Presidenta se ha deshecho de algunas inhibiciones para cumplir con aquel compromiso de barricada. En otras palabras: que resolvió cruzar varias barreras para ir por todo.

Con la promoción de Reposo a la Procuraduría General de la Nación, la señora de Kirchner ha sacrificado dos principios: el de idoneidad y el de legalidad. Entre los profesionales del derecho coinciden con la descripción de Reposo que hizo Ricardo Gil Lavedra: "Es un militante K que carece de antecedentes profesionales y académicos para ocupar un cargo estratégico". Sin embargo, el kirchnerismo ha pensado en él para ocupar el sillón donde se sentaron Nicolás Matienzo, Sebastián Soler y Andrés D'Alessio.

En Reposo se tuvo en cuenta la lealtad. De él se espera que, violentando lo establecido por los constituyentes de 1994 -la Presidenta fue uno de ellos-, encolumne a los fiscales detrás de los intereses del Poder Ejecutivo. La colonización de la Justicia emprendida por el oficialismo desde el año 2003 alcanza así la última frontera. Es verdad que el reemplazante de Esteban Righi integra el entorno de Amado Boudou y fue parte de su hinchada electoral, como revelan los entusiastastweets de su cuenta. Es decir, es probable que donde debería tener un fiscal, el vicepresidente cuente ahora con un defensor. Pero ese vínculo es apenas un detalle. Las complicaciones del devaluado Boudou en la causa Ciccone han servido de plataforma a los operadores judiciales del Gobierno para ampliar su control sobre tribunales. Es una mutación relevante en el mapa del poder. Sobre todo porque, a diferencia del menemismo, el kirchnerismo cuenta con jueces y fiscales amigos no sólo para absolver a los amigos, sino para perseguir a los que considera sus enemigos.

El acuerdo senatorial de Reposo se convirtió, desde ayer, en motivo de una disputa en el Congreso.

Para rechazarlo, la oposición debería contar con 25 votos. Los senadores de la UCR -son 16, si no se agrega al "independiente" José María Roldán, de Corrientes-, los del Frente Amplio Progresista, y María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, suman 21. La llave la tienen, entonces, los integrantes del peronismo federal: Juan Carlos Romero, Sonia Escudero, Adolfo Rodríguez Saá, Liliana Negre de Alonso, Carlos Reutemann y Roberto Basualdo.

Reposo ingresa en el torneo con algunos puntos en contra. Ya tuvo un conflicto judicial con los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales por negarse a responder pedidos de informes sobre la Sigen. Es curioso: además de elogios a Boudou, la mayor parte de los tweets de Reposo contienen alegatos en favor de la transparencia.

EL AVANCE SOBRE YPF

El cesarismo que aparece en la nominación del procurador se pone también en ejercicio en el avance sobre YPF. El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, confirmó que Cristina Kirchner se propone convertir a esa compañía en una empresa mixta, con la estatización compulsiva de parte de sus acciones.

Uno de los proyectos pertenece a Julio De Vido y al neoestatizador Roberto Dromi. Consiste en estatizar por ley el 50,1% de las acciones, que se pagaría al cabo de tres años.

El Tribunal de Tasación fijaría el precio, según los dictámenes del secretario de Energía, Daniel Cameron, que haría las veces de perito. Una de las peculiaridades de la iniciativa es que identificaría a los accionistas obligados a vender: los Eskenazi tendrían que desprenderse de su 25,5% y Repsol de un 24,6% de su tenencia, reducida al 34%. Los inversores del mercado mantendrían el 17% de la empresa.

Para consumar la operación, el Congreso debería declarar de interés público a YPF. Sólo así se suspendería el artículo del estatuto societario que obliga a realizar una oferta por el total de las acciones a quien pretenda acceder a más del 15% del paquete. Esta barrera es la que detiene a la Presidenta y, sobre todo, a Carlos Zannini, su consejero legal.

La derogación de esa cláusula desencadenaría una lluvia de demandas colectivas, sobre todo en los tribunales de Nueva York, en cuya bolsa cotiza la empresa. Los accionistas tendrían derecho a quejarse por la imposición inconsulta de un régimen societario distinto del que imperaba cuando ingresaron a la empresa. Esa violación del derecho de propiedad sería difícil de justificar ante la Justicia.

Por esa razón los ejecutivos de Repsol se retirarían del directorio dejando en su lugar a abogados, que objetarían cada decisión del Estado en YPF. Además, España llevaría el caso al gobierno de la Unión Europea, para que exija compensaciones en el Ciadi, como prevé el Tratado de Lisboa.

Hasta anoche la señora de Kirchner no había manifestado intención de negociar. Antonio Brufau, el presidente de Repsol, está en Buenos Aires esperando una entrevista. Ayer se especulaba con que podría realizarse hoy y que después habría un anuncio oficial en el marco de una reunión con gobernadores petroleros.

De Vido sí discutió las líneas generales de su iniciativa con Brufau y con Sebastián Eskenazi: "Lo lamento mucho, pero para sobrevivir en este Gobierno hay que «morenizarse». A mí nadie me corre por izquierda", se ufanó.

Se equivoca De Vido. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, tiene ideas más radicales que las suyas. No en vano los empresarios lo han bautizado "Robespierre". En la Secretaría de Energía aseguran que, si por él fuera, estatizaría el 51% de los hidrocarburos extraídos por todas las operadoras, que sólo podrían quedarse con el 49% restante.

¿Qué objetivos pretende alcanzar el Gobierno con el avance sobre YPF? En principio, resolver la asfixia fiscal que plantean las importaciones de combustibles por 14.000 millones de dólares.

"Las empresas deben compartir la carga del déficit público", sostuvo Kicillof en la primera reunión con los accionistas de la empresa, ante el respetuoso silencio de De Vido.

Eskenazi había escuchado ese argumento en diciembre, la tarde en que se quebró con Cristina Kirchner esa relación que, a lo largo de casi veinte años, fue tan rentable para ambos.

Debajo de la emergencia fiscal se esconde otra pretensión del kirchnerismo. Es la estatización de un activo formidable: el yacimiento de shale gas Vaca Muerta, calificado por el Financial Timescomo el tercer reservorio de hidrocarburos no convencionales del planeta.

Según los expertos, esa formación podría ser valuada, en su etapa de explotación, en unos 250.000 millones de dólares. Hay petroleros locales que quieren acceder a esa riqueza, en poder de YPF y de grupos extranjeros, de la mano del Gobierno.

+Fuente: http://www.lanacion.com.ar/