¿Cuándo es buena idea imponer controles a las ganancias?
Hay múltiples razones, afincadas tanto en la teoría económica como en la realidad política, que llevan a que los países, incluso los más capitalistas, decidan que en ocasiones deben intervenir en la rentabilidad de determinados negocios o actividades.
Y este año, la idea de poner un límite legal a las ganancias privadas se discutió con particular intensidad en muchos países del mundo, con distintos resultados.
Apenas en septiembre pasado el líder de la oposición británica, David Milliband, prometió que si su partido laborista regresaba al poder en las elecciones de 2015, congelaría las tarifas que las empresas privadas de energía cobran a los ciudadanos.
En noviembre, Suiza llevó a cabo un referendo donde una propuesta para establecer límites a los sueldos de ejecutivos fue derrotada por 65% de los votantes.
Y en Estados Unidos, distintas agencias regulatorias frecuentemente controlan los precios que cobran las empresas de servicios públicos.
Sin embargo, en la mayoría de los casos dicha regulación se limita a casos excepcionales, donde se cree que hay situaciones de monopolio, en los que la ausencia de competencia hace necesaria una intervención del Estado para evitar abusos por parte de empresas que gozan de esa situación.
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Monopolio natural
El caso más usual donde se justifica la intervención estatal es el de los llamados "monopolios naturales", donde la naturaleza misma del negocio impide la competencia.
"La regulación gubernamental que busca controlar detalladamente los precios en mercados competitivos crea el riesgo de que las firmas no puedan conseguir los recursos que necesitan para mantener sus locales, contratar a personal adecuado, etc. Sería sorprendente que una nación moderna intentara microgerenciar sectores que son bastante competitivos"
Por ejemplo, si una empresa privada presta el servicio de acueducto en una ciudad, sería poco práctico que varias firmas instalaran por separado sus propias tuberías en una misma calle para competir por clientes.
En este caso, como lo más probable es que solo haya una empresa prestando el servicio, el Estado regula sus ganancias, impidiendo que cobre más allá de un determinado monto. Se busca así evitar que esa empresa use su condición de monopolio para explotar a los clientes.
Varios países han considerado también en situaciones especiales cobrar impuestos a las "ganancias extraordinarias" de ciertas empresas o personas, muchas veces por consideraciones de justicia social.
Por ejemplo, en años recientes, al tiempo que subían repentinamente los precios del petróleo y de muchos minerales, varios países latinoamericanos establecieron impuestos que obligaban a las empresas privadas a pagar "por una sola vez" una porción de esas ganancias al Estado para financiar programas sociales.
Y poco después de estallar la crisis financiera global en 2008, cuando se supo que varios de los bancos rescatados con dinero del fisco británico seguían pagando millonarios bonos a sus altos ejecutivos, el gobierno en Londres impuso un impuesto extraordinario para retener 50% de esas ganancias individuales que muchos consideraban escandalosas.
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Confianza de los inversores
Una de las versiones más controversiales de esta idea tan difundida en el mundo es la que ha propuesto el gobierno de la llamada Revolución Bolivariana en Venezuela.
Para los expertos, lo inusual de la propuesta que lanzó a final de 2013 el presidente Nicolás Maduro, es que aparentemente busca extenderse de manera permanente a segmentos amplios de la economía, incluso a sectores donde se considera que hay competencia por el libre mercado.
"En esos casos es inusual tener este tipo de controles de precios. En mercados que son potencialmente competitivos, como por ejemplo, en el comercio, cuando las empresas aumentan sus precios más allá de los costos y ganan utilidades excesivas, entran nuevos competidores al mercado que reducen esas utilidades", dijo Sanford Berg, profesor y experto en temas de regulación económica de la Universidad de Florida en Estados Unidos.
"La regulación gubernamental que busca controlar detalladamente los precios en mercados competitivos crea el riesgo de que las firmas no puedan conseguir los recursos que necesitan para mantener sus locales, contratar a personal adecuado, etc. Sería sorprendente que una nación moderna intentara microgerenciar sectores que son bastante competitivos", indicó Berg a BBC Mundo.
El experto señaló que generalmente los negocios de comercio no son monopolios naturales, pues es fácil que otras empresas entren a la competencia si alguien decide cobrar excesivamente, y de esa manera los precios se mantienen a niveles razonables.
"Es un poco sorprendente que Venezuela viese (la decisión de regular esos sectores) como beneficioso para sus ciudadanos", aseguró. "Puede que en el corto plazo lleve a precios más bajos, pero con seguridad en el largo plazo dañará la confianza de los inversores y afectara las oportunidades para los consumidores."
"Varios países han considerado también cobrar impuestos a las "ganancias extraordinarias" de las empresas, muchas veces por consideraciones de justicia social. "
En eso estuvo de acuerdo Carlos Pombo, profesor de la escuela de negocios de la Universidad de los Andes, en Colombia.
Al intentar aplicar esos controles en sectores que no son monopolios naturales "lo que estoy haciendo es sencillamente destruyendo la operación normal de los mercados", dijo Pombo en conversación con BBC Mundo.
Ahora bien, en casos donde no ocurre el monopolio, si el Estado quiere regular la conducta de ciertos empresarios privados con excesivo poder en los mercados, es preferible que lo haga imponiendo impuestos y no con restricciones como el control de precios, agregó Pombo.
¿Cuándo es excesivo?
El profesor Berg advierte, por su parte, además que en estos casos, decidir qué nivel de ganancias es "excesivo" puede ser problemático.
"Puede darse una situación de 'con cara yo gano y con sello tu pierde', si cuando la empresa tiene un mal año, pues tiene un mal año, pero cuando le va bien, el Estado se queda con esas ganancias. Así no operan los sistemas de mercado".
Entre las razones más citadas en el referendo suizo de noviembre pasado para no establecer los topes a los salarios ejecutivos, estaba el argumento que sostenía que si esa norma era aprobada, los jefes corporativos simplemente se irían a vivir a otro país.
Lo mismo puede ocurrir con las empresas, advierten los expertos. El capital privado no quiere ir a un país en que el Estado cambia las reglas del juego, concluye Berg.
Por lo que es previsible que los llamados a regular las ganancias de los grandes actores de la economía continuarán en 2014, pero en medio de voces que adviertan los riesgos que pueden entrañar esas medidas para el bienestar económico de los países que las apliquen
