Amnistía Internacional le reclamó al Gobierno que respete los DDHH de pueblos indígenas
La organización Amnistía Internacional le reclamó al gobierno nacional y a los provinciales que muestren "voluntad política de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de los pueblos indígenas" y denunció que en el país "no se han llevado a la realidad los avances normativos" a favor de los habitantes originarios.
"Los repetidos ataques de los últimos tres años le costaron la vida a no menos de doce indígenas, ante la inacción de los gobiernos de la Nación y las provincias", afirmó Amnistía Internacional a través de un comunicado.
La organización también precisó en el documento que el trasfondo de la violencia que sufren los integrantes de estos pueblos está relacionado a "la creciente disputa por las tierras".
En este sentido, manifestó que la Argentina "no" ha puesto en marcha "el avance normativo" conseguido desde la reforma constitucional de 1994, que protege el legado cultural indígena y su derecho a la propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente.
Amnistía sostuvo que, desde 1994 a esta parte, las políticas en el relevamiento de tierras de los pueblos originarios han sido escasas y los indígenas "siguen enfrentando constantemente amenazas de desalojos, en muchos casos con violencia".
"Los gobiernos de la Nación y las provincias deben demostrar su voluntad política de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de los pueblos indígenas", enfatizó Amnistía.
Ignacio Purcell Mena recomienda esta nota.
"Los repetidos ataques de los últimos tres años le costaron la vida a no menos de doce indígenas, ante la inacción de los gobiernos de la Nación y las provincias", afirmó Amnistía Internacional a través de un comunicado.
La organización también precisó en el documento que el trasfondo de la violencia que sufren los integrantes de estos pueblos está relacionado a "la creciente disputa por las tierras".
En este sentido, manifestó que la Argentina "no" ha puesto en marcha "el avance normativo" conseguido desde la reforma constitucional de 1994, que protege el legado cultural indígena y su derecho a la propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente.
Amnistía sostuvo que, desde 1994 a esta parte, las políticas en el relevamiento de tierras de los pueblos originarios han sido escasas y los indígenas "siguen enfrentando constantemente amenazas de desalojos, en muchos casos con violencia".
"Los gobiernos de la Nación y las provincias deben demostrar su voluntad política de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de los pueblos indígenas", enfatizó Amnistía.
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